La
Fiscalía General de la Nación expuso en audiencia pública de juicio oral
la teoría del caso, con la cual demostrará la responsabilidad del
exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas en actos de corrupción, en el tercer
proceso penal en su contra, dentro del denominado carrusel de contratos
en la capital.
El ente investigador advirtió que entre el segundo semestre
del año 2007 y el año 2010, Moreno Rojas llevó acabo acuerdos ilegales con su
hermano Néstor Iván Moreno Rojas y con los particulares Álvaro Dávila Peña,
Emilio Tapia Aldana y Manuel Sánchez Castro, que constituyen a la luz del
derecho penal el delito de concierto para delinquir agravado.
Con base en estos acuerdos el ex mandatario distrital firmó
nombramientos a funcionarios en altos cargos directivos, tales como secretarios
de despachos y directores de entidades administrativas distritales con el único
propósito de violar la Ley 80 de 1993, la cual establece las reglas y
principios que rigen los contratos de las entidades estatales mediante la
selección objetiva y trasparente de la contratación pública.
"Incluso antes de ser elegido alcalde, es decir desde su
candidatura a la alcaldía de Bogotá, estableció acuerdos que se vieron
reflejados en aportes por parte de Emilio Tapia, Julio Gómez y Manuel
Sánchez a la campaña de Samuel Moreno Rojas con el propósito de que nadie
ajeno a sus propósitos interfiriera en la millonaria contratación pública de la
capital", sostuvo el fiscal delegado en este proceso penal.
Al juicio fueron llamados como testigos miembros del gabinete
del gobierno de Moreno Rojas, algunos ya condenados como el exsecretario de
Salud del Distrito Héctor Zambrano Rodríguez y otros como los señores Emilio
Tapia, Álvaro Dávila Peña, Héctor Julio Gómez y Manuel Sánchez
Castro.
El juicio se centrará en la manera como se pactaron estos
acuerdos a partir de la candidatura del exalcalde hasta su elección y la forma
como se fueron seleccionando los candidatos a ocupar los cargos de
confianza en la administración distrital en el IDU, la Secretaría Distrital de
Salud, la Unidad de Mantenimiento Vial, la Secretaria de Integración Social y
la Unidad de Mantenimiento de Servicios Públicos de Bogotá, entre otras.
El exburgomaestre permanece recluido en la Escuela de
Carabineros de la Policía donde purga una pena inicial de 18 años de prisión,
la cual fue aumentada a 24 por el Tribunal Superior de Bogotá tras haber
exigido comisiones para adjudicar en 2009 un contrato por $67.000 millones para
la prestación del servicio de ambulancias en la capital de la República.
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